sábado, febrero 24, 2024

México expresa «preocupación» ante declaración de inconstitucionalidad de programa DACA en EEUU

MÉXICO/Xinhua

El Gobierno de México manifestó su preocupación por la decisión de la Corte Federal para el Distrito Sur de Texas, en Estados Unidos, de declarar inconstitucional el programa de Acción Diferida para Personas Llegadas en la Infancia (DACA, por sus siglas en inglés).

La Secretaría (ministerio) de Relaciones Exteriores de México señaló en un comunicado emitido la noche del miércoles y difundido este jueves en redes sociales que tomaba «nota con gran preocupación de la decisión», la cual «impacta a más de 580.000 personas, en su gran mayoría mexicanas».

Los beneficiarios del DACA, conocidos como «Dreamers» (soñadores), «han contribuido de manera significativa al desarrollo económico, social y cultural de Estados Unidos, y representan un vínculo invaluable con nuestro país», aseguró la cancillería mexicana.

La dependencia gubernamental anunció que dará seguimiento puntual al proceso judicial que la reciente decisión de la Corte Federal para el Distrito Sur de Texas implica, para informar y brindar protección consular, asistencia legal y asesoría sobre la situación a los «Dreamers» y sus familias.

El juez Andrew Hanen, del Distrito Sur de Texas, rechazó el miércoles un recurso del gobierno del presidente Joe Biden y declaró de nuevo ilegal el DACA, aunque se prevé que el fallo sea apelado ante la Corte Suprema.

El programa DACA es una política de inmigración implementada en Estados Unidos en 2012, que otorga algunas protecciones temporales a ciertos inmigrantes irregulares que llegaron a ese país cuando eran niños.

Las protecciones les permiten no ser deportados, obtener un permiso de trabajo, licencia de conducir y tener acceso a la educación superior en algunos estados, pero sin alcanzar el estatus de residente permanente o la ciudadanía, con independencia del número de años que lleven de residir efectivamente en Estados Unidos.

El DACA ha sido objeto de varias controversias políticas desde su implementación en Estados Unidos en 2012. En 2017, el entonces presidente estadounidense, Donald Trump (2017-2021), intentó poner fin al programa, pero enfrentó desafíos legales que le ordenaron su reactivación.

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