El Poder Judicial de la Federación es uno de los tres poderes de la Unión que ha tenido cambios en su integración, en su función jurisdiccional y en los montos presupuestales, los cuales no se pueden entender sin los cambios democráticos de México, así como por la obligación de armonizar el marco legal derivado de los compromisos adquiridos, en el 2011, por el Estado mexicano en materia de derechos humanos, de acuerdo con un estudio de la Dirección General de Análisis Legislativo del Instituto Belisario Domínguez del Senado de la República (IBD).
El documento titulado “El Poder Judicial de la Federación. Cambios jurisdiccionales y estructurales”, elaborado por la investigadora María Cristina Sánchez Ramírez, destaca que las reformas más importantes en las últimas décadas han sido la de 1994, que hizo de la Suprema Corte de Justicia de la Nación un tribunal constitucional, y la de 2021, que entre otras modificaciones creó el sistema de jurisprudencia por precedentes, fortaleció al Instituto de la Defensoría Pública y ordenó medidas para combatir el nepotismo y la corrupción en el Poder Judicial.
La investigación también analiza algunas de las propuestas que se han hecho desde la academia para mejorar la designación de las y los ministros, entre las que se encuentran escuchar la opinión del Poder Judicial de la Federación, la sociedad civil, universidades y centros de investigación jurídica.
En cuanto al presupuesto del Poder Judicial, el estudio del IBD recupera algunos datos del Instituto Mexicano para la Competitividad (IMCO), como el hecho de que desde 2017 hasta la fecha, el porcentaje del Presupuesto de Egresos del Poder Judicial de la Federación ha ido disminuyendo, representando actualmente el 0.9% del presupuesto total.
