miércoles, abril 17, 2024

Parte 3. Desapariciones forzadas: Estado Perpetrador

La Columna de Cthulhu

(PERPETRAR. v. a. Hacer o cometer algún delito o culpa)

A veces pienso que tú nunca vendrás,
Pero te quiero y te tengo que esperar,
Es el destino que me lleva hasta el final,
Donde algún día, mi amor, te encontrará

¡Ay, amor, divino!
Pronto tienes que volver a mí..

Leo Dan (Cómo te extraño)

Excelente semana estimadas lectoras y lectores, en esta entrega Cthulhu les entregará la y tercera parte de esta investigación sobre las “desapariciones forzadas” y para recordar un poco las dos primeras, se decía que para ser tipificado bajo esta forma jurídica es indispensable que participe cualquier servidor público, ya sea planeando, ejecutando, apoyando o destinando recursos, ya sea por sí o con ayuda de terceros, en particular en complicidad con el Crimen Organizado

Al corte del 30 de julio de 2023, cuando se público la primera parte de esta investigación, el Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No localizadas (RNPDNO) de la SEGOB, tenía registradas oficialmente 290 mil 586 personas desaparecidas en todo el país. Para el 06 de agosto de 2023 (una semana después) se reportan 291, 079 personas desaparecidas, o sea 493 desaparecidos más. Y para el cierre de esta tercera entrega, el 13 de agosto de 2023 ya se reportan 291,627 personas desaparecidas en México.

En la anterior entrega se anunció que se expondría el caso Alvarado, el cual fue llevado a la Corte Interamericana de los Derechos Humanos (CIDH), esto fue lo que se supo:

El 29 de diciembre de 2009 entre 8 y 10 personas que portaban uniformes militares, obligaron a 3 personas: Nitza Paola Alvarado Espinoza, José Ángel Alvarado y Rocío Irene Alvarado Reyes abordar una de las camionetas particulares en que arribaron y tras lo cual huyeron con rumbo desconocido. A partir de que sucedieron los hechos, no se tiene noticia del destino o paradero de los tres desaparecidos.

Ante esta situación, el 26 de junio de 2011 el Centro de Derechos Humanos de las Mujeres (CEDEHM) presentó ante la Comisón la petición inicial para que esta instancia diera entrada a su pedimento.

Los argumentos de la CIDH para determinar que era admisible el caso se basaron en la violación de los derechos humanos reconocidos en la Convención Americana de Derechos Humanos tales como: el reconocimiento de su personalidad jurídica, a la vida, a la integridad personal, la libertad personal, garantías Judiciales; protección de la honra y la dignidad; así como de protección judicial. Asimismos se violaron los articulos I y XI de la Convención Interamericna sobre Desaparicion Forzada de Peronas en los cuales los Estados miembros se comprometen a No practicar, no permitir, ni tolerar la desaparición forzada de personas, ni aun en estado de emergencia, excepción o suspensión de garantías individuales; así como que toda persona privada de libertad debe ser mantenida en lugares de detención oficialmente reconocidos y presentada sin demora, conforme a la legislación interna respectiva, a la autoridad judicial competente.

A partir del 10 de abril de 2016  la CIDH inició con el proceso de investigación, para lo cual solicitó a los represnetantes de las víctimas y del Estado Méxicano las solicitudes, pruebas y argmentos sobre  este caso.

El Estado Mexicano reconoció su responsabilidad por la violación de los artículos 2, 8 y 25 de la Convención Americana, en las fechas cuando se cometió este delito no había en el país legislación en materia de desapariciones forzadas, aunado a que las investigaciones fueron hechas por tribunales militares y no civiles. 

Asimismo, Estado Mexicano reconoció la veracidad de los siguientes hechos, pero negó que el Estado tuviera la culpa o le fueran atribuibles, o sea, sí sucedió pero que no eran responsables:

Las presuntas víctimas desaparecidas fueron privadas de su libertad y que desde ese día no se tiene conocimiento de su suerte; algunos familiares de las presuntas víctimas fueron testigos presenciales de que el grupo que privó de libertad a las víctimas portara uniformes «con características de tipo militar»; familiares fueron víctimas de amenazas y actos de hostigamiento.

El Estado Mexicano intentó desmarcarse de los hechos argumentando que él no los provocó, pero olvidó que sí tiene la obligación de investigarlos, y de no hacerlo, vuelve a victimizar a las personas desaparecidas y a sus familiares, sobre todo porque dejaron un buen tiempo el caso en manos de la justicia militar y no en la justicia civil (un año 11 meses) aunado a la militarización del país iniciada en el año 2006 y que aún continúa en 2023 con la 4T de forma más agresiva, tener militares haciendo labores de policías ha generado una gran cantidad de violaciones a los derechos humanos.

La CIDH también determinó que no es suficiente que se reconozcan las desapariciones como tal, es decir, no basta con que una persona no esté a la vista, que se desconozca su destino o paradero; sino hay que investigar las razones por las cuales no está; en el caso de las desapariciones forzadas es preciso que se tengan los elementos de tiempo, modo y lugar para determinar dónde, quiénes y de qué forma se cometió este delito.

En el “Caso Alvarado” La CIDH valoró el contexto en el cual ocurrieron los hechos entre los que resaltan:

  • Participación de elementos del Ejército Mexicano en su ejecución
  • La negativa de reconocer la detención de estas tres personas violando sus derechos humanos
  • La falta de claridad sobre su destino y paradero 
  • Falta de Información gubernamental para esclarecer el caso 
  • Los testimoniales de las personas que fueron testigos del hecho
  • La militarización del país con fines de seguridad pública.

Todo esto fue analizado por La CIDH y concluyó que efectivamente fue el Estado quien perpetró este delito a través de sus elementos castrenses. 

Asimismo, La CIDH hizo hincapié de la obligación que tienen los Estados en mantener el orden público interno y la seguridad ciudadana pero estas tareas deben estar encabezadas por policías civiles, no militares. 

Cabe señalar que la CIDH mencionó que si de forma excepcional existe la necesidad de la participación de las fuerzas castrenses debe ser:

  • Justificada, temporal y restringida a lo estrictamente necesario en las circunstancias del caso.
  • Subordinada y complementaria a las labores de las corporaciones civiles.
  • Regulada mediante mecanismos legales y protocolos sobre el uso de la fuerza, bajo los principios de excepcionalidad, proporcionalidad y absoluta necesidad y de acuerdo con la respectiva capacitación en la materia.
  • Fiscalizada por órganos civiles competentes, independientes y técnicamente capaces.

Finalmente, la CIDH concluyó que el Estado Mexicano es responsable de la desaparición forzada de Niza Paola Alvarado Espinoza, José Ángel Alvarado Herrera y Rocío Irene Alvarado Reyes, les fueron violados sus DDHH al reconocimiento de la personalidad jurídica, a la vida, a la integridad personal y a la libertad personal. Asimismo, determinó que el Estado Mexicano no actuó con debida diligencia dentro de las primeras horas y días luego de las denuncias de desaparición, dejando perder horas valiosas para efectos de este tipo de casos. 

Es preocupante saber que el Estado, entre que entre otras funciones tiene la obligación de proteger a sus habitantes, así como garantizar el libre desarrollo de sus derechos, tener un proceso judicial justo, sea quien desde sus oficinas y cuarteles organice, ejecute y encubra a funcionarios públicos perpetradores o en contubernio con el crimen organizado realicen este tipo de desapariciones con toda la impunidad del mundo, utilizando a demás recursos públicos para hacerlo. 

En cada sexenio se jura y promete cumplir y hacer cumplir la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y las leyes que de ella emanen, pero la realidad es muy distinta, parece que la Administración Pública es un patrimonio personal y no un encargo que la ciudadanía delega en estos servidores públicos, estos “servidores” obedecen o aplican la ley en relación a que si les afecta o beneficia, no vaya a ser que los “enemigos” de la Patria utilicen la realidad para exhibirlos. 

En décadas pasadas y en la actualidad, quienes luchan por los derechos humanos son vistos como traidores al sistema, cuando en realidad deberían ser vistos como sus aliados, al parecer a los gobernantes en turno no les interesa cumplir con sus obligaciones, ni la muerte, ni el llanto, ni la desesperación de la gente, sólo se ven a sí mismos, se mienten para decir todo va bien y quien diga lo contrario es un traidor, enemigo del pueblo… porque yo soy el pueblo

Hasta aquí la tercera entreha de esta investigación sobre las Desapariciones Forzadas.

Ahora vamos con los chismecitos.

Resulta que en la Comunidad de Mompaní, Querétaro, una mujer que se llama Elizabeth y que se ostenta como trabajadora de la delegación Santa Rosa Jáuregui utiliza sus “influencias” para obstruir el cumplimiento de la Ley, resulta que su primo debía entregar a su expareja sus pertenencias, esto después de haber llegado a un acuerdo ante la Fiscalía del estado, pero al momento de que este hombre tenía que cumplir se echó para atrás y se negó, lo más grave fue que la señora Elizabeth llegó con prepotencia y acompañada de la policía municipal para evitar que se cumpliera el acuerdo, amenazando a la ex-pareja de su primo de que si seguía con el proceso se la iba a llevar la policía, a ella y a sus hijos, porque según ella tiene contacto con gente influyente.

¿Cómo es posible que Elizabeth se extralimite en sus funciones?. ¿Acaso el delegado de Santa Rosa tendrá conocimiento del proceder de esta persona?, ¿Qué dirá el coordinador de delegados del Municipio de Querétaro, el Ing. Lugo?. ¿Realmente hay alguien en el Gobierno Municipal que la proteja y le permita hacer este tipo de atropellos?

Afortunadamente la mujer afectada ya presentó las denuncias correspondientes ante la Fiscalía del Estado para que a Elizabeth se le investigue ya sea por usurpación de funciones, indebido ejercicio del servicio público o abuso de autoridad. Ya veremos en qué acaba este asunto.

En otro tema, cada vez hay más desencanto en el equipo de Lupita Murguía, quien hace unos meses se sentía ya con la candidatura a la Presidencia Muncipal, este fin de semana tuvo una reunión con “vecinas del Centro Histórico” pero lo que Cthulhu vió fueron mujeres que trabajan en el gobierno municipal y que no viven en dicha zona, a Lupita le cuesta trabajo conectar, la gente ya sabe que ella no es la elegida para la capital, pero le auguran un Escaño en el Senado, iría por la reelección.

Una noticia que puso contentos a las y los Panchistas y a uno que otro panista es la intención de Francisco Domínguez de acompañar a las personas candidatas del PAN para la elección de 2024, y también que meterá mano para la elección de las candidaturas, esto debe estar calándole muy fuerte a los amigos de Kuri quienes deseaban desaparecer de los acuerdos al exgobernador. 

Por cierto, una fuente de confianza le mencionó a Cthulhu que en 30 días se comenzarán a mover quienes salen para buscar una candidatura y también saber quiénes llegan para suplirlos, aquí los panistas y sobre todo “los duros” ya levantaron la mano. Ya veremos cómo se mueven las cosas.

Hasta la próxima entrega.

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