MÉXICO/Xinhua
México, a través de su cancillería, expresó hoy sábado su rechazo y preocupación por la entrada en vigor en dos estados de Estados Unidos de leyes que criminalizan la inmigración irregular y pueden conllevar «a actos de discriminación y perfilamiento racial».
Agregó que la Ley SB1718, firmada el 10 de mayo de 2023 por el gobernador de Florida, Ron DeSantis, y la Ley HB2350, del estado de Kansas, «pueden dar lugar a actos discriminatorios y abusos contra la comunidad hispana, latina y mexicana».
La Secretaría de Relaciones Exteriores, mediante dos comunicados que hacen referencia a las dos leyes que entran en vigor este 1 de julio en Kansas y Florida, afirmó que el Gobierno de México respeta los procesos y medidas legislativas estatales en Estados Unidos.
Sin embargo, acotó, leyes como la SB1718 y la HB2350 pueden afectar los derechos humanos de miles de personas, niñas y niños mexicanos, «exacerbando ambientes hostiles que pueden derivar en actos o crímenes de odio en contra de la comunidad migrante».
En el caso específico de Florida, la ley impulsada por el gobernador DeSantis no refleja la valiosa aportación de los migrantes a la economía, a la sociedad y a la cultura de ese estado Florida y de Estados Unidos, precisó la cancillería.»La criminalización no es el camino para resolver el fenómeno de la inmigración indocumentada. La existencia de mercados laborales transnacionales, así como la intensidad de los lazos comerciales y turísticos entre México y Florida, no pueden ser ignorados por medidas inspiradas en sentimientos de xenofobia y nacionalismo blanco», añadió.
Subrayó que las medidas encaminadas a criminalizar la inmigración y desconocer los derechos de la comunidad migrante en Estados Unidos tienen «un fuerte impacto» en la relación bilateral entre ambos países, en tanto «evidencian la renuencia de ciertos actores para identificar soluciones conjuntas que inviten a la colaboración».
Ante tal renuencia y la entrada en vigor de leyes derivadas de esta, el Gobierno de México indicó que utilizará, a través de la cancillería, «todos los recursos a su alcance para defender los derechos y dignidad de las personas mexicanas».
