QUITO/Xinhua
La ruptura de las relaciones diplomáticas anunciada por México tras la irrupción policial a su Embajada en Ecuador el pasado 5 de abril no afectará los derechos de los ciudadanos de ambos países, afirmó hoy martes la Cancillería ecuatoriana.
Esta ruptura «no implica» un cierre de los servicios consulares de Ecuador en Ciudad de México y en Monterrey, cuyas oficinas continuarán funcionando con normalidad para atender a la comunidad ecuatoriana residente en México y en tránsito por ese país, explicó la Cancillería en un comunicado.
Añadió que los acuerdos suscritos entre Ecuador y México «continúan vigentes y en plena aplicación», por lo que la actual situación «no afectará» los derechos de los ciudadanos de ambos países.
«No se afecta de ninguna manera al reconocimiento y registro de estudios realizados en México y viceversa; así como tampoco afecta la estadía o residencia de los ciudadanos de ambos países en el territorio del otro», señaló la Cancillería.
En el caso de los consulados mexicanos en Ecuador, conforme la decisión adoptada por ese país, los trámites consulares serán atendidos desde Colombia, Perú y Chile, agregó.
De esta forma, la Cancillería recomendó a la ciudadanía con trámites consulares en curso, tales como solicitudes de visa y apostillas, tomar contacto con las oficinas consulares mexicanas en esos países.
Ecuador y México enfrentan un «impasse» diplomático después de que un grupo de policías de Ecuador irrumpió a la fuerza el pasado 5 de abril en la Embajada de México en Quito y detuvo al exvicepresidente Jorge Glas, quien se refugiaba en esa sede desde diciembre pasado para evadir cargos por actos de corrupción.
El arresto del político se produjo horas después de que el Gobierno mexicano le concediera asilo político, por considerarlo «perseguido».
En reacción a la captura de Glas y el asalto a la Embajada, el presidente mexicano Andrés Manuel López Obrador rompió relaciones con Ecuador y ordenó el cierre indefinido de la sede diplomática en el país andino.
Las tensiones iniciaron el 4 de abril, cuando el Gobierno ecuatoriano declaró «persona non grata» a la embajadora mexicana en Ecuador, Raquel Serur, en rechazo a declaraciones «muy desafortunadas» del presidente mexicano, según la Cancillería del país sudamericano.
