sábado, septiembre 7, 2024

Hacia los derechos humanos en el Sistema de Justicia Penal – Mtra. Gabriela Capetillo

La Mtra. Gabriela Capetillo, Magistrada del circuito del Tribunal Colegiado de Apelación del Vigésimo Noveno Circuito (Pachuca), formó parte del congreso internacional de la Secretaría de Seguridad Pública Municipal con motivo de su 25° Aniversario, con una ponencia titulada ‘Evolución del quehacer policial y su importancia en el marco del Sistema de Justicia Penal’. 

La maestra inició su participación compartiendo su opinión que la función que desarrollan los cuerpos e instituciones policiacas es fundamental para generar un estado democrático y de derecho, porque cuida de la seguridad pública, social, jurídica, ciudadana y humana. Ésta última ha cobrado gran importancia en la actualidad porque se ha dado un gran impulso a la protección de derechos humanos, incluyendo cuando se habla de actuación policial. 

Por lo que recordó que el artículo 21 constitucional, párrafo 9, concentra el objetivo de las instituciones de policía como salvaguardar la vida, integridad, patrimonio y preservar el orden público; conceptos que aplican a todos los ciudadanos por una seguridad integral. En esta misma línea, la Mtra. Gabriela explicó que el objetivo final de las instituciones siempre será fijar mecanismos o estrategias que busquen garantizar un estado de derecho a través de la protección fundamental de derechos humanos. 

Reforma constitucional en materia de derechos humanos

Esta reforma provocó un cambio de paradigma que fortaleció la protección de derechos fundamentales, lo que exige que los elementos policiales conozcan sobre esta ley de amparo durante el ejercicio de sus funciones, para que puedan reconocer situaciones generadores de riesgo y evitar viciosos en la sustentación de un proceso penal y esclarecimiento de hechos. 

Asimismo, este cambio de paradigma implica que las actividades de prevención y control deben estar reguladas por este derecho ciudadano al respeto de la dignidad, es decir que las autoridades no pueden abusar del poder que les es conferido, por el contrario, tienen la obligación de respetar la normativa institucional, cívicas, penales y que rigen la convivencia de la ciudadanía.

No es lo que queremos hacer, es lo que debemos hacer, pero siempre con el respeto a los derechos fundamentales, a la dignidad de las personas” – recalcó. 

La importancia ejercer adecuadamente la fuerza policial

Para la Mtra. Gabriela, la función policial es parteaguas para la justicia, porque tienen un quehacer de prevención. Y reconocer que el uso de la fuera puede ser necesario cuando existe el riesgo de una mayor afectación hacia la ciudadanía, cuando es necesario priorizar la libertad y derechos de la población, no del individuo. 

Pero, aun si el uso de la fuerza puede ser necesario en diferentes escenarios, se debe tener un equilibrio y buscar que sea legítimo, que cumpla con estándares que lo califiquen como excepcional, legal, racional, congruente, oportuno, proporcional a las necesidades, con las condiciones establecidos por la normativa y con respeto a derechos humanos.

Y debido a que la policía es un primer respondiente, es de vital importancia que actúen de manera correcta tanto para el esclarecimiento de los hechos, de los hallazgos de las evidencias y su procesamiento.

Parte de la función policial pues es actuar con integridad […]. La integridad, si lo podemos resumir, es hacer las cosas bien siempre

Por eso la necesidad de establecer momento a momento las acciones que realizan los policías, porque son un registro de elementos justificables de, por ejemplo, una detención y el tiempo que llevó la misma. De ese modo las autoridades policiales no cometerán una posible transgresión de derechos; sino que rectificarán su actuación conforme protocolos, exigencias constitucionales y respeto puntual al derecho de las personas. 

En palabras resumidas, la Mtra. Gabriela Capetillo explicó que los quehaceres policiales deben adaptarse y adecuarse a las cambiantes reformas de la Constitución y de las exigencias de los acuerdos internacionales en materia de seguridad, protección y prevención para realizar un buen trabajo que lleve a un estado democrático. 

El bien hacer de la función encomendada legitima y genera eficacia […] en el desarrollo de estas actividades nos da como resultado la seguridad, la justicia y el respeto de los derechos humanos”.

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