MÉXICO/Xinhua
El Gobierno de México rechazó las declaraciones emitidas por integrantes del Comité contra la Desaparición Forzada (CED, por sus siglas en inglés) de las Naciones Unidas (ONU) sobre una presunta práctica sistemática de desaparición forzada por parte del Estado mexicano. A través de un comunicado conjunto, las secretarías (ministerios) de Gobernación y de Relaciones Exteriores enfatizaron que México «no consiente, permite u ordena la desaparición de personas como parte de una política de Estado», y subrayaron su compromiso con el respeto irrestricto de los derechos humanos, así como con la atención de las causas estructurales de la violencia.
El pronunciamiento oficial se dio tras la conclusión del 28º periodo de sesiones del Comité, en el cual se anunció que se remitirá al Estado mexicano una solicitud formal con base en el Artículo 34 de la Convención Internacional para la Protección de Todas las Personas contra las Desapariciones Forzadas, instrumento internacional del cual México es Estado parte.
Las autoridades mexicanas señalaron que analizarán dicha solicitud una vez recibida, y que se mantendrán en diálogo con el CED como parte de un proceso de cooperación sostenido desde 2014. En ese marco, el Gobierno reafirmó su voluntad de compartir información precisa y actualizada sobre las acciones y programas implementados a nivel nacional para atender y combatir el fenómeno de las desapariciones.
«El Gobierno de México ha anunciado la puesta en marcha de acciones contundentes para combatir este flagelo», indica el comunicado, al tiempo que resalta la disposición del país para seguir atendiendo las solicitudes del Comité mediante acciones urgentes, comunicaciones individuales e informes periódicos.
Asimismo, las secretarías informaron que esta posición fue notificada formalmente tanto a la Oficina en México del Alto Comisionado para los Derechos Humanos como al propio CED a través de una nota diplomática. El CED es un órgano del tratado de la ONU encargado de supervisar el cumplimiento de la Convención por parte de los Estados parte, en lo que representa un mecanismo internacional clave en la lucha contra las desapariciones forzadas a nivel global.
