MÉXICO, 5 ago (Xinhua) —
El Gobierno de México solicitó formalmente a su par de Ecuador un salvoconducto en favor del exvicepresidente ecuatoriano Jorge Glas, asilado político mexicano y condenado por corrupción en su país, informó este lunes la Cancillería mexicana.
La Secretaría de Relaciones Exteriores de México (SRE) detalló en un comunicado que la solicitud se hizo en términos de la Convención sobre Asilo Diplomático de 1954 (Convención de Caracas), tratado internacional vinculante para México y Ecuador, y con base en el acuerdo suscrito con Suiza el 15 de junio de 2024 para salvaguardar los intereses mexicanos en el país sudamericano.
La solicitud formal de México de un salvoconducto en favor de Glas, explicó la SRE, se hizo a fin de que este «sea entregado y trasladado a un tercer país conforme al artículo XIX de la Convención de Caracas». «Se ha solicitado igualmente que, en tanto se emite el referido salvoconducto, se tomen las medidas humanitarias necesarias para que el señor Glas sea excarcelado y custodiado en un lugar seguro, en atención al crítico estado de salud que reporta», agregó.
Fuerzas policiales de Ecuador irrumpieron la noche del pasado 5 de abril en la sede diplomática mexicana en Quito para detener al exvicepresidente Glas, condenado por corrupción y quien había recibido asilo político por parte de México.
A raíz de lo sucedido, el Gobierno mexicano rompió las relaciones diplomáticas con Ecuador, retiró a todo su personal diplomático del país sudamericano e interpuso una denuncia contra el Gobierno ecuatoriano ante la Corte Internacional de Justicia.
La Cancillería mexicana subrayó en su comunicado de este lunes que México halló procedente y necesario otorgar la protección internacional del Estado mexicano a Glas luego de «una evaluación exhaustiva de la información recibida por su parte y por parte del Gobierno de Ecuador desde diciembre de 2023».
La decisión se apoya, además de en lo estipulado en la Convención de Caracas, en la observancia del principio pro persona, consagrado en la Constitución de México y parte de «la histórica tradición humanista de México de protección a personas perseguidas por razones políticas», concluyó la SRE.
