A 178 aumentó la cifra de guías y funcionarios penitenciarios retenidos en siete penales de Ecuador en el contexto de amotinamientos en el sistema carcelario, informó el Servicio Nacional de Atención Integral a Personas Adultas Privadas de la Libertad y a Adolescentes Infractores (SNAI).
Entre los retenidos están 158 agentes de seguridad penitenciaria y 20 funcionarios administrativos en las cárceles de las provincias sureñas de El Oro, Cañar, Loja y Azuay, de la norteña de Esmeraldas y de las centrales de Cotopaxi y Tungurahua, detalló la dependencia en un comunicado. «Trabajamos de forma permanente (…) para salvaguardar la integridad de los miembros del CSVP (Cuerpo de Seguridad y Vigilancia Penitenciaria)», apuntó.
Hasta el miércoles se había informado de 139 funcionarios penitenciarios retenidos en cinco cárceles, pero en las últimas horas se registraron alteraciones en otras dos prisiones, la de El Oro y Esmeraldas, con lo cual se elevó la cifra. El SNAI indicó que la noche del miércoles en el penal de El Oro reclusos generaron incidentes, por lo que «junto con la Policía Nacional se trabaja para restablecer el orden».
Mientras tanto, la madrugada de este jueves un grupo de reos disparaba desde el interior de la cárcel de Esmeraldas contra personal de las Fuerzas Armadas que se encontraban en el exterior y reaccionaron para controlar la situación. También hubo disturbios en la cárcel de la provincia de Santo Domingo de los Tsáchilas (centro-norte), donde tres presos se fugaron.
Ecuador registra desde el pasado 8 de enero una serie de amotinamientos en el marco de una escalada de la violencia en el país desatada por grupos del crimen organizado. Los disturbios, que ocurrieron después de la fuga de un capo del narcotráfico de una prisión de la ciudad de Guayaquil (suroeste), llevaron al Gobierno a declarar estado de excepción por 60 días a escala nacional y en las prisiones, además de un toque de queda nocturno.
La violencia se extremó el 9 de enero con atentados en varias ciudades, ataques armados, secuestros de policías y vehículos incendiados, que han dejado al menos 10 muertos y más de 70 detenidos. Debido al clímax de violencia, el Gobierno declaró «conflicto armado interno», que implica el despliegue de los militares para neutralizar a 22 bandas criminales calificadas como «terroristas». Las Fuerzas Armadas han capturado hasta el momento a 329 presuntos «terroristas» y abatido a cinco.
