Funcionarios del sector salud y representantes de organizaciones de la sociedad civil se pronunciaron por incrementar al menos en 20 por ciento el impuesto a las bebidas azucaradas, y que lo obtenido se destine a prevenir la obesidad y sobrepeso, así como garantizar en las comunidades rurales el acceso al agua potable.
Durante el foro “Análisis de impuestos saludables, sobre IEPS a bebidas saborizadas y cigarros”, el diputado Manuel Huerta Martínez (Morena), secretario de la Comisión de Salud y organizador del acto, planteó aplicar una cuota de dos pesos por litro en el Impuesto Especial sobre Producción y Servicios (IEPS) a las bebidas azucaradas, cuando se trate de refrescos, concentrados, polvos, jarabes, esencias y extractos de sabores.
Con esto recaudaremos anualmente 50 mil millones de pesos, que deberán destinarse al Instituto Nacional de Salud para el Bienestar, en fomento de las acciones que el Estado implante para combatir la obesidad y sobrepeso de niñas, niños y adolescentes en el país”, dijo.
El legislador resaltó que la Organización Mundial de la Salud y sus Estados miembros concluyeron que el consumo de bebidas con elevado contenido de azúcar son nocivos. De conformidad con la evidencia científica, el consumo de azúcares en exceso en cualquiera de sus formas (sacarosa, fructosa, glucosa) brinda sólo calorías vacías, lo que contribuye al aumento de peso y al desequilibrio hormonal.
Mencionó que la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económicos (OCDE), la tasa de obesidad de adultos de México, ubicada en poco más de 33 por ciento, es la segunda más alta en sus países integrantes y mucho mayor que el promedio de 19.4 por ciento. Además, 35 por ciento de los adolescentes de 12 a 19 años tienen sobrepeso u obesidad, que es factor de riesgo para muchas enfermedades crónicas.
Precisó que un estudio de la Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación (FAO) de julio 2013, destacó que México fue el primer consumidor de refrescos en el ámbito mundial con 163 litros por persona al año, 40 por ciento mayor que el de un estadounidense promedio, con 118 litros al año.
Los resultados de la Encuesta Nacional de Salud y Nutrición (Ensanut 2018), indicó, revelan que la prevalencia del sobrepeso y obesidad en la población de edad escolar (5 a 11 años) es de 32.1 por ciento y para la de edad adulta (20 años en adelante), de 73 por ciento.
Enfatizó que el informe 2019 del Instituto Nacional de Salud Pública en México, considera una emergencia sanitaria por la epidemia de obesidad y diabetes, ya que para 2016, el 72.5 por ciento de los adultos presentaron sobrepeso y obesidad, y aun cuando desde 1999 se ha observado un incremento en toda la población, ha sido mayor entre las mujeres en edad reproductiva y los residentes de zonas rurales.
Tonatiuh Barrientos, director del Centro de Investigaciones en Salud Poblacional del Instituto Nacional de Salud Pública, apuntó que el riesgo de contraer diabetes aumenta 40 por ciento por cada bebida azucarada que se consume al día. “México es el campeón mundial en muertes asociadas al consumo de bebidas azucaradas”.
Recalcó que la velocidad en la que crece el gasto en salud es casi exponencial, y de continuar así, “no va a haber manera de sostener el sistema de salud, a menos que se cambie el patrón en que los ciudadanos se están enfermando”.
Explicó que se apoya aumentar este gravamen al 20 por ciento porque es una recomendación de la OMS, porque los impuestos son una forma efectiva de reducir el consumo de azúcar, son costo-efectivos y con 20 por ciento de incremento en el precio se espera, aproximadamente, la misma reducción en el consumo, y los ingresos que se generen que se estiman en 36 mil millones de pesos al año, en caso de ubicarse en dos pesos por litro, se pueden utilizar para financiar acciones de salud pública.
Este impuesto va a beneficiar particularmente a los jóvenes, quienes son los que más consumen refresco, así como a la población de más escasos recursos. “Es un impuesto justo”, puntualizó.
Arturo Sabines, director de la Oficina Nacional para el Control del Tabaco y el Alcohol de la Comisión Nacional Contra las Adicciones (Conadic), destacó que “no hay producto de consumo ordinario que sea más lesivo y mortal que el tabaco; es la sustancia que más personas enferma y muertes genera a nivel mundial”.
Precisó que ocho millones de personas mueren al año y de éstas un millón no fumaba; es decir, es un producto que no sólo lesiona a quien lo consume, sino también a quienes conviven con él.
Subrayó que al Estado le cuesta más de 77 mil millones de pesos la atención anual de los problemas ocasionados por el tabaco, “y no estamos hablando del gasto en prevención, sino de cuando la enfermedad ya está”. Recalcó que muchas personas desconocen que el consumo de tabaco genera, más que cáncer de pulmón, enfermedades cardiovasculares como infartos.
El impuesto, dijo, ayudará a ser menos asequible este producto en personas de escasos recursos y en menores de edad, que pueden engancharse fácilmente porque la nicotina es una de las sustancias más adictivas.
Ana Larrañaga, coordinadora general de la Organización Contra Peso refirió que en la actualidad se estima que siete de cada de 10 adultos y uno de cada tres niños y niñas, ya tienen algún grado de sobrepeso y obesidad en México y esto conlleva una mayor carga de enfermedades crónicas no transmisibles, principalmente diabetes tipo 2, que hoy ya es una emergencia epidemiológica en nuestro país y que ocasiona más de cien mil muertes cada año.
Refirió que la Organización Panamericana de la Salud ha alertado que en nuestro país el costo de la obesidad, únicamente por las repercusiones de ésta, rebasa lo que pierde México por el huachicoleo. “Ya tiene a los sistemas de salud colapsados porque realmente no se está garantizando tratamientos completos para la obesidad porque son incosteables; es una enfermedad que va a acabar con nuestro sistema de salud”.
Propuso asegurar el ajuste del impuesto de acuerdo con la inflación, incrementar el gravamen a por lo menos 20 por ciento, aproximadamente dos pesos por litro; garantizar el destino específico de los recursos recaudados, ya sea para programas de prevención del sobrepeso y la obesidad o acceso a agua potable.
Alejandro Calvillo, de la Organización Poder del Consumidor, recordó que hace unos días la OCDE ubicó a México como el país con los mayores costos del Producto Interno Bruto por la obesidad, 5.3 por ciento, y habla de una carga a la economía familiar. También que nuestra nación es la que sufre mayor reducción de esperanza de vida debido a la obesidad.
Consideró que el gravamen a las bebidas azucaradas ha funcionado, pero “ese fue un impuesto a medias”, ya que la recomendación internacional de la OMS era que fuera de al menos de 20 por ciento y que los recursos se dirigieran a la prevención y a la atención de la salud. “Nuestro objetivo ha sido que parte del impuesto vaya a solucionar el acceso a agua potable”.
Katia Contreras, de la organización Alianza por la Salud Alimentaria, enfatizó que el impuesto a bebidas azucaradas necesita incrementarse y tener un mayor impacto. “Lo más importante es que los recursos lleguen a las comunidades, se atienda las complicaciones en los hospitales y se tengan medicamentos. Necesitamos en todas las comunidades agua potable” y bebederos en las escuelas y espacios públicos.
Juan Núñez Guadarrama, coordinador de México Saludable, se pronunció porque en el caso del tabaco no sólo se indexen los impuestos, sino se aumenten significativamente más, dados los beneficios que puede traer para la población ese incremento.
Erick Antonio Ochoa, director de Salud Justa MX, estimó que se tendría que llevar el impuesto específico del tabaco de 35 centavos a un peso con 35 centavos, lo que significaría que el impuesto específico representaría el 50 por ciento del precio de venta final como está actualmente. “Si hubiera un incremento como el que estamos proponiendo, habría un aumento en la recaudación de prácticamente 18 mil millones de pesos”.
