sábado, abril 13, 2024

México reconoce suspensión de ley antinmigración de Texas, EE. UU.

MÉXICO/Xinhua

La Cancillería de México reconoció hoy la decisión del Tribunal Supremo de Justicia de Estados Unidos de suspender de forma indefinida la aplicación de la ley estatal de Texas SB4, criticada por el Gobierno mexicano y organizaciones internacionales por criminalizar la migración.

La Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) destacó en su cuenta de la red social X que la ley suspendida fue señalada como inconstitucional al otorgar facultades a autoridades estatales y locales de Texas para ejercer acciones migratorias, lo cual es capacidad exclusiva de autoridades federales de Estados Unidos.

«México hace votos por la cooperación internacional para el desarrollo, para abordar juntos las causas estructurales de la movilidad humana, un fenómeno a gestionar de manera compartida», afirmó.

La dependencia gubernamental mexicana manifestó además su rechazo a «cualquier iniciativa que criminalice la migración, la separación de familias, la discriminación o el perfilamiento racial que atenta contra los derechos humanos de las personas», y subrayó que continuará velando por la protección consular de los mexicanos en EE. UU. y «donde quiera que se encuentren».

La ley SB4 fue aprobada en noviembre pasado por la Cámara de Representantes del estado estadounidense de Texas para otorgar a las fuerzas del orden la facultad de detener a migrantes irregulares y a los jueces la de ordenar su expulsión a México.

La entrada en vigor de la normativa estaba prevista para el 5 de marzo, pero ya había sido suspendida en febrero y este lunes, cuando vencía el plazo de la primera suspensión, la Corte Suprema de EE. UU. emitió una nueva, esta vez de manera indefinida.

El Gobierno de México ha expresado su rechazo «tajante» a la ley SB4 y cualquier otra medida que permita a autoridades estatales o locales de EE. UU. detener y retornar a personas nacionales o extranjeras a territorio mexicano.

Normativas de esa índole, de acuerdo con el Gobierno mexicano, pueden afectar los derechos humanos de las más de 10 millones de personas de origen mexicano que residen en Texas, al propiciar ambientes hostiles que podrían conllevar a actos o crímenes de odio en contra de las comunidades migrantes.

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