Ante diputados, la secretaria de Gobernación (Segob), Olga Sánchez Cordero, reconoció que México enfrenta una de las peores crisis en desapariciones de personas, pues en los últimos años las autoridades, sobre todo las municipales y algunas estatales, ocultaron una realidad que afecta a miles de familias mexicanas: la ausencia de sus seres queridos.
En respuesta a cuestionamientos de legisladores, en el marco del Análisis del Primer Informe de Gobierno, indicó que este tema es el número uno de la política del Gobierno federal, y el compromiso de la Presidencia de la República y de Segob “es no escatimar recursos económicos en esta titánica labor”.
Adelantó que en las próximas semanas se hará público el nuevo Registro de Personas Desparecidas y la Campaña Nacional para el Registro. “Primero, es buscar a las personas desaparecidas con vida, y después a personas desaparecidas que han fallecido”.
Al iniciar la primera ronda de preguntas-respuestas-réplica, la diputada Claudia Reyes Montiel (PRD) expresó su preocupación de que se haya priorizado la pleitesía al gobierno norteamericano y no los derechos humanos de los migrantes. “Evidencia de esto es que la política migratoria la dirige al canciller Marcelo Ebrard, y no la Segob”. Cuestionó cómo se busca atender este problema, si en el proyecto de Presupuesto de Egresos 2020 se plantea una reducción de más del 80 por ciento en el Programa de Atención a Refugiados en el país.
Indicó que es un gran reto para México adoptar e institucionalizar nuevas medidas y procedimientos que atiendan el fenómeno migratorio. “Estaremos pendientes de esta situación y denunciaremos todo acto en contra de los derechos humanos. La gobernabilidad no se alcanza con la militarización del país ni con la concentración del poder y el desprecio a los poderes institucionales y contrapesos. Se debe velar por respeto al Estado de derecho y a la gobernabilidad”.
Por el PVEM, José Ricardo Gallardo Cardona preguntó cómo se está trabajando en la integración del Programa Nacional de Derechos Humanos como instrumento rector de la política pública en la materia y hacia dónde se quieren orientar los esfuerzos del Gobierno federal, principalmente para garantizar los derechos humanos de personas y grupos específicamente en situación de vulnerabilidad: niños, mujeres, jóvenes y personas con discapacidad, entre otros.
Argumentó que a las y los legisladores les corresponde realizar las reformas necesarias para que la corrupción y la legalidad “ya no sean la piedra del zapato para el desarrollo de México”. Hizo un llamado a todas las fuerzas que conforman el sistema político mexicano, para que por encima de diferencias se encuentren coincidencias que lleven a la reconstrucción del tejido social. “La justicia nunca debe de ser usada con fines políticos facciosos. Estamos seguros que bajo su dirección esto no ocurrirá”.
Eudoxio Morales Flores, diputado del PES, puntualizó que México tiene un fenómeno migratorio grave, el cual excede la capacidad de las fronteras, pues a pesar de los esfuerzos, en este año hay un incremento del 232 por ciento con respecto de 2018. Preguntó qué acciones se están tomando en conjunto con la Comisión Nacional de Derechos Humanos, para preservar y garantizar el bienestar de los migrantes.
Pidió conocer los mecanismos para la prevención de feminicidios, secuestros y desaparición forzada. Reconoció la creación de una comisión para esclarecer la desaparición de los 43 estudiantes de Ayotzinapa, y las acciones a fin de fortalecer la política migratoria y garantizar una política de Estado en materia de derechos humanos.
La diputada de MC, Carmen Julia Prudencio González, indicó que México atraviesa una crisis humanitaria por la grave situación que se vive respecto a la desaparición de personas. Reconoció el esfuerzo del gobierno para conocer el paradero de 43 estudiantes de Ayotzinapa; sin embargo, dijo, “queremos que con este mismo esfuerzo se busque incansablemente a las 37 mil 485 personas desaparecidas que se estima hoy en México”.
Cuestionó cómo se puede decir que las causas de las desapariciones están vinculadas con los grupos del crimen organizado si no se tiene un registro real, pues hay casos de mujeres por motivos de género, porque defienden los derechos humanos o territorios de pueblos indígenas o por ejercer el periodismo. Inquirió por qué no se ha instalado el Registro Nacional de Personas Desparecidas y no Localizadas y en cuánto tiempo se podrá implementar el Banco Nacional de Datos Forenses que determina la ley en la materia.
Martha Huerta Hernández, diputada de PT, señaló que los ejes temáticos para pacificar al país son los correctos y los apoya su partido pensando siempre en el bien del habitante: erradicar la corrupción y reactivar la procuración de justicia, garantizar el empleo, educación, salud y bienestar; pleno respeto y promoción de los derechos humanos, regeneración ética de la sociedad, reformular el combate a las drogas, emprender la construcción de la paz, recuperación y dignificación de los centros penitenciarios, seguridad pública, seguridad nacional y paz.
Preguntó por qué la Secretaría de Gobernación es más fuerte y más responsable y cuál es la otra visión de gobernabilidad que se está adoptando. Añadió que es fundamental seguir trabajando y sumando esfuerzos desde diversas trincheras para cambiar un régimen “que no es fácil. Asumimos con responsabilidad la tarea y no pretendemos quedarle mal a la inmensa mayoría que confiaron en nosotros”.
El diputado priista, Rubén Ignacio Moreira Valdez, pidió conocer la coordinación entre la Secretaría de Seguridad Pública y la Segob, y cómo incluir a los gobiernos estatales y municipales; cuál es el riesgo de liberar a quienes no hay evidencia de que se hayan readaptado y cómo evitar que vuelvan a delinquir, y quién da las órdenes en el tema de migración, Gobernación o la Cancillería, y de qué manera se puede ayudar al Instituto Nacional de Migración.
De esa fracción parlamentaria, el diputado Luis Eleusis Leónidas Córdova Morán expuso que de enero a junio de 2019 se registraron 470 feminicidios, según cifras del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública. Qué seguimiento da la dependencia a las 19 alertas de violencia de género declaradas para garantizar que sean un mecanismo eficaz.
Por el PAN, la diputada Dulce Alejandra García Morlan señaló que las cifras de crecimiento de violencia son alarmantes y la prevención debe ser estrategia prioritaria, pero “lamentablemente esto lo han dejado en manos de la sociedad, omitiendo la enorme responsabilidad que el Estado tiene. La violencia no sólo comienza en casa, los medios de comunicación ejercen gran influencia, en especial en quienes aún no tienen un pleno desarrollo de su personalidad”. Preguntó ¿qué opina de que haya habido probables hechos de corrupción para clasificar como B-15 una película con alto contenido de violencia y de crueldad?
El diputado panista, Evaristo Lenin Pérez Rivera expresó que el problema de la seguridad no se va a resolver de manera centralizada. “Es desde el nivel municipal donde vamos a poder solucionarlo, pues ahí se encuentra el policía cotidianamente, atendiendo en los barrios, pero si le eliminamos los recursos del Programa de Fortalecimiento para la Seguridad (Fortaseg), si no se tiene para la capacitación, certificación y equipamiento, no va a poder la Guardia Nacional enfrentarlo”.
El diputado Porfirio Muñoz Ledo (Morena) indicó que “hay constancia plena en números, en videos, en presencia de ciudadanos de todo tipo, de que lo que se está haciendo en la frontera sur es un desastre. Ya dijo Trump que nos está usando. Primero estimula el problema, luego vende la idea de tragedia en su país y luego aparece milagrosamente”. Cuestionó que la Secretaría de Relaciones Exteriores sea la que presida la Comisión Intersecretarial de Atención Integral en Materia Migratoria. “Creo que debe cambiar lo más pronto posible”.
Su compañera de bancada, diputada María Wendy Briceño Zuloaga mencionó que desde diciembre del 2006 han ido al alza los asesinatos. En ello, los feminicidios en todos los rangos de edad, los feminicidios infantiles, las personas desaparecidas, desplazadas, exiliadas, torturadas, la normalización de la violencia en muchos contextos y el reto es sumamente delicado y urgente. “Las legisladoras trabajamos unidas desde la causa feminista, que es la causa de los derechos de las mujeres. En este momento histórico y de amplia convocatoria donde no hay más temas tabús, hay asuntos a discutirse y a tratarse con responsabilidad porque se lo debemos a las niñas y a las mujeres mexicanas”.
En respuesta, la titular de Segob mencionó que el presupuesto de la Comisión Nacional de Búsqueda para de 2019 es de 400 millones, los cuales se encuentran distribuidos en dos programas: Determinación, ejecución y seguimiento de las acciones de búsqueda de personas desaparecidas y no localizadas, 193 millones 215 mil pesos, y Subsidios para las acciones de búsqueda de personas desaparecidas y no localizadas, de 207 millones 577 mil pesos.
Mencionó que son múltiples las acciones realizadas por la renaciente Comisión Nacional de Búsqueda, entre ellas, la reinstalación del Sistema Nacional de Búsqueda y la Reestructura de la Comisión Nacional de Búsqueda. Además, a la fecha se han promovido 27 comisiones locales instaladas en diversas entidades federativas.
La política migratoria contempla ejes de integración y reintegración de las personas en México, con especial énfasis en áreas de educación, trabajo, identidad y salud. “Los estamos incorporando a nuestros propios programas para los mexicanos, siempre y cuando, esta población migrante quiera permanecer en el país”.
Relató que México fue de los primeros países en suscribir el Pacto de Marrakech, que implica un acuerdo mundial para una migración segura, ordenada y regular. “Por eso estamos empeñados en identificar a las personas migrantes, porque la activación de estos mecanismos es para su propia protección. Nosotros registramos a los que llegan al país, por razones de propia seguridad nacional, no para estar de acuerdo con una política migratoria de los norteamericanos; es seguridad nacional”.
La Secretaría, afirmó, diseña e implementa una política migratoria, a partir de una responsabilidad compartida con todas las instituciones del Estado y las secretarías, a fin de proteger a las personas, lograr una movilidad voluntaria, segura, ordenada y regular. Adelantó que se presentarán reformas a las leyes generales de Migración y de Población, para responder a este fenómeno migratorio, inédito e inusual.
Destacó que la política de derechos humanos del gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador ubica en el centro la dignidad de todas las personas; pretende crear bienestar, sanar el tejido social para construir la paz por medio de la verdad, justicia, reparación integral y la no repetición. “Eso es lo que estamos haciendo. Las demandas históricas de las víctimas y de los luchadores sociales son escuchadas y son atendidas”.
Se han desplegado, dijo, acciones de política pública para hacer frente a la crisis de derechos humanos y proteger las garantías de todas las personas, sin importar edad, género, condición social, salud, nacionalidad, etnia, postura política, religión, identidad, orientación sexual, estado civil o discapacidad.
Algunos de los ejes son: verdad, justicia, reparación, no repetición, búsqueda de personas desparecidas; identificación forense; prevención y erradicación de la violencia contra las mujeres; protección y garantía de los derechos de las niñas, niños y adolescentes.
Se suscribió un pacto con la Conferencia Nacional de Gobernadores (Conago) para atender derechos humanos de los niños, niñas y adolescentes. Reconoció que hay una crisis en materia de orfandad que provino y que proviene del crimen organizado, adicionalmente de casos de niños migrantes.
También se instituyó refugio y protección a las personas víctimas de desplazamiento forzado interno e internacional y adelantó que pronto se presentará a esta Cámara una ley del desplazamiento forzado interno, a fin de visibilizar el problema y atenderlo.
Olga Sánchez Cordero expuso que mediante la Comisión Intersecretarial de Atención Integral en Materia Migratoria se están llevando a cabo políticas y programas que contribuyen a la acción de control y verificación migratoria de entrada, salida, tránsito y estancia segura. “Tenemos que saber quiénes entran al país, quiénes están dentro para poderles atender adecuadamente sus derechos humanos”.
Añadió que ya se está proporcionando la Cédula de Identidad Ciudadana, que es un documento oficial y ninguna persona podrá ser sancionada por la no portación. Contendrá, cuando menos, datos y elementos como: apellido paterno, materno, nombre, clave única de registro de población, fotografía, lugar de nacimiento, fecha de nacimiento, firma y huella dactilar.
Resaltó que hoy se tiene una secretaría que está cerca de la gente, tiene la relación más importante con los Poderes de la Unión, las entidades federativas, los gobernadores, los presidentes municipales, los tres niveles de Gobierno, todos los poderes del Estado y los organismos constitucionales autónomos. “Es una secretaría que se ha visto fortalecida y hoy tiene la visión y los ojos de una mujer, y eso hace la diferencia. Es una secretaría que vela por la justicia. Es una secretaría de la gobernabilidad y de la gobernanza”.
Detalló que entre diciembre de 2018 y agosto de 2019, en las oficinas de representación de Segob en los estados se celebraron 664 acuerdos en materia de prevención y solución de conflictos; 673 audiencias con actores sociales en materia de distensión de problemas; 667 reuniones de trabajo con autoridades, a fin de prevenir y resolver los conflictos. El 2 de junio de 2019 se monitoreó y dio seguimiento a los procesos electorales en 6 entidades federativas para renovar 149 cargos de elección popular.
“El Gobierno federal no fue intromiso en ninguna de las elecciones, solamente vigiló que se llevara a cabo el proceso de forma ordenada y segura para toda la población. Se renovaron 149 cargos de elección popular. Se han establecido mesas de trabajo de gobernabilidad, consistentes en multitemáticas en las que participan todos los secretarios generales de gobierno de las 32 entidades federativas y los altos funcionarios federales”, abundó.
La titular de Segob dijo que a través de las Direcciones Generales de Radio, Televisión y Cinematografía y la de Medios Impresos se realiza un monitoreo permanente para vigilar que no se propicien o promuevan delitos en materia de trata de personas o que trasgredan el interés superior de la niñez.
De diciembre a julio se han reportado 677 anuncios clasificados como posibles constitutivos de delito que han sido publicados en: Veracruz, Quintana Roo, Aguascalientes, Morelos, estado de México, Puebla, Chiapas, Guanajuato, Baja California y Ciudad de México. Se han monitoreado 564 radiodifusoras y 166 canales de televisión, más de 17 mil 520 horas de contenidos, y se detectaron anuncios en el que se puede presumir la comisión de delitos, por ejemplo, de trata de personas.
