Representantes del Frente Feminista Nacional y diversos colectivos de mujeres reiteraron su llamado en contra de la Ley Garrote, llamadas así las reformas aprobadas por el Congreso local para atender la pandemia de COVID-19, debido a que conciben la protesta social como un delito y buscan criminalizar a las colectivas feministas.
La reforma al artículo 221 del Código Penal sanciona de tres a seis años de prisión a quien convoque, organice, promueva o difunda la coordinación o ejecución de saqueos, daños, robos o cualquier acto violento, el colectivo feminista menciona que es un mecanismo legal para hacer retroceder la protesta feminista y desarticular al movimiento.
Se le ha solicitado al gobernador Francisco Domínguez Servién a no aprobar esta legislación, ya que, de entrar en vigor, se tendría que presentar una acción de inconstitucionalidad. Tras el rechazo mostrado por colectivos feministas a la “Ley Garrote”, la diputada local por Acción Nacional (PAN), Tania Palacios Kuri, enfatizó que esta legislación no busca “callar bocas”, sino aplicar medidas preventivas frente al COVID-19.
En este sentido, la diputada panista indicó que “jamás” estaría a favor de “callar a las mujeres”, no obstante, consideró que no deben politizarse temas en un sentido distinto a la intención original de la iniciativa. Subrayó que está a favor de la libertad de expresión y se deberá de revisar que se cumplan los derechos humanos, al momento de aplicar la ley. Por último, aseguró que, al ser el trabajo de los diputados adecuar y perfeccionar las leyes, por lo que, no podrían negarse a perfeccionar estas reformas.
